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EDICIÓN | Junio 2017

La importancia de contar a los serenenses

Hernán Cortés Olivares. Académico e historiador Universidad de La Serena.
La importancia de contar a los serenenses

La economía minera de la región de La Serena, ya sea durante el dominio de la teocracia totalitaria de los inkas, o bien, con el gobierno imperial de España hasta nuestra república, ha sido, es y será la columna vertebral del desarrollo regional, siempre asociada a las actividades agropecuarias e industriales.

La extracción de los metales preciosos como el oro y la plata; los minerales estratégicos como el cobre, el hierro, el mercurio, el cobalto, la baritina y el manganeso, independiente de las tecnologías y métodos de extracción, ha requerido de abundante mano de obra, de hombres, mujeres y niños.

La escasez de población en los pequeños valles del norte semiárido ha sido endémico, al igual que la escasez del agua, siendo ambos elementos reguladores del crecimiento y desarrollo de la riqueza regional, por ello el imperativo de todos los tiempos ha sido mantener y aumentar la fuerza laboral mediante su traslado forzoso o pagando mejores salarios y regalías ausentes en la agricultura y la industria, generándose una disputa vernacular entre los hacendados y mineros, comerciantes y transportistas.

Si en los siglos XVI y XVII hubo una preocupación significativa por conservar la población indígena bajo la autoridad del Protector de Naturales, quien llevaba una cuenta detallada de los pueblos y familias mediante las matrículas de encomiendas y de confesión: la primera para identificar a los mayores de dieciocho años y menores de cincuenta, grupo etáreo destinado al trabajo productivo, cuyos salarios permitían el pago del tributo anual de ocho pesos plata. Otro objetivo era medir la cantidad de tierras sin dueño de los pueblos originarios, sea por la muerte o ausencia de sus habitantes. La Corona, para asegurar la subsistencia de las familias, mandaba a los corregidores a entregar a cada jefe de hogar, viudas y huérfanos, solteros y solteras una cantidad determinada de cuadras para el cultivo de los alimentos, montes de la comunidad para apacentar los ganados, extraer leña y madera para las viviendas.

La Iglesia, institución administrativa del Estado español, mantenía un férreo control de los habitantes de la ciudad y el campo, en el orden moral y las buenas costumbres, adoctrinando y castigando a los pecadores. El financiamiento y manutención de los curas y sacerdotes de las órdenes mendicantes, se obtenía mediante el pago por cada ceremonia religiosa que necesitara la feligresía: derechos de bautismo, matrimonios, misas de entierro por las almas de difuntos, funerales con cruz alta o baja, misas cantadas o de pobres de solemnidad.

Por su parte, las Matrículas de Confesión proporcionaban datos muy útiles para conocer los ingresos futuros de los curatos, parroquias, viceparroquias y doctrinas, pues censaba a los mayores de ocho años al tener conciencia del bien y el mal, es decir, uso de razón. El diezmo agropecuario también proporcionaba un noveno para la construcción y reparación de iglesias y conventos y si faltaba, se sacaba desde las Cajas de Comunidad o de Previsión de los indígenas.

Un tercer modo de censar a la población varonil era con las Matrículas de Milicianos, que debía organizarse en cada ciudad para su defensa y acciones de seguridad civil; más las milicias rurales para perseguir y castigar las bandas de criminales, ladrones de minas y ganados, asaltantes y fugitivos. En la medida que se hacen más grandes, complejas y versátiles las funciones del Estado, aumentan exponencialmente las necesidades de recursos monetarios. Por tanto, las matrículas y censos permiten conocer a todos los individuos próximos a constituirse en una fuente segura de ingresos para las arcas fiscales y quienes deberán soportar la aplicación de impuestos, contribuciones, aranceles, tributos, derechos, etc. La cuantificación de la población permite una planificación sistemática de expoliación de los súbditos o ciudadanos.

 

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